EL DEFENSOR

El disparate se instala cada vez más en la política municipal de Huelva. Ahora el debate gira en torno a la figura imprecisa del denominado “Defensor del Onubense”; un personaje, aún sin cara, pero con sueldo de director general, que defenderá los derechos fundamentales del ciudadano y controlará, si le dejan, la actuación de la Administración local: ahí es nada. Aquel que sea elegido no desempeñará funciones de juez ni de fiscal, tampoco dictará sentencias, ni ordenará detenciones, ni impondrá multas. Lo suyo será recomendar, sugerir, advertir, recordar y criticar. Su desgaste vendrá impuesto por la legislatura política y no por la efectividad de su cargo. Sólo cabe esperar.
Pero la polémica de hoy no responde de momento a diferencias sobre los emonumentos que percibirá, sino a los desencuentros políticos sobre su designación. El alcalde de la capital y presidente del PP onubense, Pedro Rodríguez, con el apoyo de IU, ha decidido que será él la persona que designe al titular de la defensoría popular. Sin más consultas. Manda huevos, como diría Federico. El asunto ha enervado a los socialistas, que califican el método de “cavernícola” y “antidemocrático”. Ni unos, ni otros, a lo mejor cabría preguntarse si los potenciales defendidos, es decir, los ciudadanos, tendrían algo que decir sobre la elección del sujeto que velará por sus intereses. Pero eso sería meterse en otros jardines.
Lo cierto es que la figura del Ombudsman, definida por la Constitución sueca de 1809, difundida por el mundo durante el siglo XX, y contemplada en el artículo 54 de la Carta Magna española de 1978, no deja de ser en ocasiones inoperante a efectos políticos en nuestro sistema democrático, lo que ha dado lugar a un descrédito injusto de la institución a nivel social. Actualmente, el Defensor del Pueblo, sólo ante el peligro, trata de defender lo indefendible ante las bloqueadas administraciones, como recurso final del ciudadano hastiado e inconforme.
Allá por 1980, se acogía con ilusión la posibilidad de que esta figura constituyera un elemento muy valioso para la consolidación de la democracia española, abriendo un sendero para que el ciudadano pudiera ser oído e hiciera valer sus derechos. Casi 30 años después, se ha abierto esa vía en el marco nacional y de las autonomías, pero el defensor, lamentablemente, sobrevive bajo la losa del partidismo. Su capacidad de actuación, objetiva y transparente, está en tela de juicio.
El ciudadano que demanda soluciones funcionales, activas y decisivas a sus problemas, no quiere filosofía ni demagogia política. Por tanto, sigue siendo necesario el establecimiento de aquellas reformas políticas y administrativas que permitan a la institución ejercer con efectividad su espíritu defensor de los derechos fundamentales.