TRANSPARENCIA DIGITAL

Leí ayer con detenimiento, en estas mismas páginas, que una aplicación permitirá a los Ayuntamientos de la provincia de Huelva rendir sus cuentas de forma telemática a través de Internet. Y es que la necesidad de mejorar los procesos internos de la Administración Local es una tarea ineludible en el siglo XXI.
El objetivo, en mi opinión, no debe ser otro que el de mecanizar las etapas de dichos procesos con las connotaciones específicas de cada Administración, mediante programas hechos a medida o la adaptación de programas específicos y motores genéricos de gestión de flujos de trabajo. En definitiva, la optimización de los recursos existentes para acercar la gestión municipal (expedientes, tributos, urbanismo, etc.) de forma clara y eficaz al ciudadano, sistematizando el acceso, la captura, la organización y la difusión de toda la información.
El propio Plan de Innovación y Modernización de Andalucía advierte que “el proceso de cambio que está provocando Internet va más allá de lo estrictamente económico y empresarial”. Algunos datos: En España, el 39% de los hogares con al menos un miembro de 16 a 74 años de edad tiene acceso a Internet. Esta cifra es inferior en 12 puntos a la media de la Unión Europea. Andalucía es la quinta Autonomía por la cola en cuanto a porcentaje de hogares que disponen de acceso a la red, según un estudio publicado a principios de año por el Instituto Nacional de Estadística.
Y es que aquí, de momento, no hay una verdadera educación en el uso de la red, aunque lo cierto es que, en la actualidad, compramos, vendemos y viajamos por Internet, declaramos nuestros impuestos, tramitamos cada día más asuntos y movemos nuestro dinero. Esta claro que muchos nos quedaríamos inválidos si nos retirasen el acceso a este servicio.
No es menos cierto que en este país, el uso que se hace de esta formidable red de redes se dirige en su mayoría a los portales de ocio y a la descarga gratuita e indiscriminada de todo tipo de material. Sin embargo, quedan reductos de contenidos aparentemente imposibles de compartir en la red porque, a pesar de su gran utilidad social, carecen de atractivo o no suscitan el suficiente interés entre el gran usuario.
Pero ya no existe justificación. Ha llegado el momento de que las Administraciones Públicas en este país destinen una buena parte de sus presupuestos a la mejora e innovación de sistemas tecnológicos para la modernización de la gestión y la búsqueda de la máxima eficacia en la inversión. No nos olvidemos que el principal beneficiario de cualquier inversión tecnológica en materia administrativa será el ciudadano que, cansado y agotado de soportar tramitaciones interminables, gestiones sin sentido, visitas infinitas a los organismos y conversaciones inagotables de mostrador, busca de una vez por todas la agilidad y la transparencia.