URBANISMO/CORRUPCIÓN

El análisis que el ciudadano realiza a estas alturas de la confrontación política, judicial y social por los casos de corrupción urbanística denunciados durante los últimos años/meses en algunos puntos de Andalucía, y en otros del resto de España, le ha llevado a alcanzar la preocupante conclusión de que el urbanismo es una actividad básicamente corrupta, enfrentada directamente con la protección del medio ambiente. Algunos de esos sonados casos se basan, sin duda, en informes objetivos y de necesaria denuncia ante los tribunales, para lograr una sociedad justa y sana. Pero otros muchos casos, denunciados por colectivos con voz pero sin datos, y fundamentados en simples sospechas o veladas apariencias de ilegalidad, se han demostrado como inexistentes.
Lo más grave de todo es que esa terrible percepción podría llegar a provocar consecuencias muy negativas para la economía y la sociedad. El ejercicio del urbanismo se fundamenta en criterios legales y de sostenibilidad, en la mejora y el embellecimiento de las ciudades con la creación de barrios, plazas, jardines y edificios, así como en la proyección de dotaciones, calles, carreteras etc, todo ello imprescindible para el desarrollo económico y la mejor convivencia ciudadana.
El urbanismo español está sujeto a controles muy estrictos, mucho más que la mayoría de las actividades con similar componente económico. Y no sólo eso, sino que además constituye una disciplina extraordinariamente compleja. Por ello, no se debe frivolizar ni trastocar la realidad, ya que las consecuencias sobre la imagen de personas, ciudades y municipios, y los efectos económicos para otros sectores como la construcción, la industria, el comercio o el turismo, podrían llegar a ser nefastas y de muy complicada recomposición.
La eliminación total de los casos de corrupción es imprescindible, evitando la actividad especulativa de las Administraciones locales, redefiniendo sus sistemas de financiación, agilizando la tramitación de los procesos de transformación del suelo y favoreciendo la participación de toda la comunidad en los beneficios que resulten de la gestión. Pero también es conveniente que el ciudadano conozca las garantías de los procedimientos legales para la clasificación urbanística con las sucesivas aprobaciones de las distintas Administraciones; el papel que juegan aquellos que intervienen en el proceso; los controles que establece la legislación urbanística de su autonomía, y las circunstancias del mercado inmobiliario que influyen en el incremento del valor de los terrenos.
También se debe reflexionar sobre la paralización que puede conllevar una situación de denuncia permanente como instrumento de lucha política, pues llegará el momento en el que las personas o entidades encargadas de intervenir en la redacción y control del procedimiento urbanístico, se nieguen a proponer o a informar, a decidir o a comprometerse por temor a ser tachados de corruptos, impidiendo así el desarrollo normal de una actividad que es estratégica para el crecimiento económico de nuestras ciudades.