VOTO O BOTELLON

Mal asunto para Perico si el conflicto del botellón llega también a los Tribunales. Y es que el temporal judicial que amenaza al Ayuntamiento no cesa y los nubarrones se acercan a la Gran Vía por todos los frentes, casi siempre empujados y dirigidos por vientos que soplan del mismo lado.
El consumo de alcohol en la calle, fenómeno que tiene su origen en Andalucía, supone un grave problema que trae consigo una consecuencia inevitable: la crispación social. Pero su paso previo es la indignación, en la que parece haberse instalado la denominada Mesa del Botellón-no será por mesas-, integrada por vecinos, administraciones, empresarios y asociaciones juveniles.
Esta práctica callejera, que trae de cabeza a vecinos sufridores de numerosas ciudades de la geografía nacional, convierte cascos urbanos en auténticos vertederos durante los fines de semana. En Huelva, las Plazas de La Merced y San Pedro, o antaño la calle Pablo Rada, sufren la resaca de la porquería que abandonan cientos de jóvenes y menos jóvenes tras una madrugada de fiesta en la calle.
El botellón arrasa la tranquilidad del vecino, inunda de ruido las viviendas, ocupa portales y defeca las calles limpias de la ciudad, porque esa movida necesitada de comprensión, la que, por cierto, demandó en su día Tierno Galván para los jóvenes madrileños, sólo entiende de derechos pero no de obligaciones. Cuando hace años, como escribía el maestro Umbral en las páginas de El Mundo, el PSOE decidió apoyar el “vote botellón” o “la organización por toda España de las movidas periféricas de estos vicios tan machos y tan ciertos”.
Pero llegó el desorden que, como todo, tiende a regularse. La Ley Antibotellón entró en vigor en Andalucía en octubre de 2006 con el claro objetivo de conjugar el ocio de unos y el descanso del resto. Y entonces dijo algún parlamentario: "Busca el equilibrio entre el derecho de unos y el derecho al descanso, que en realidad es una necesidad vital". Pues claro que sí. Algo habrá que dormir, digo yo. El debate político instalado en Huelva afecta a todos, aunque algunos aprovechen de nuevo la ocasión para hacer leña del árbol caído, vamos, algo de sangre, como si este asunto fuera nuevo.
Lo cierto es que ni la Corporación Local, del PP, centrada ahora en otros asuntos, ni las Administraciones Autonómica y Estatal en Huelva, del PSOE, dedicadas a la enfermiza tarea de la denuncia sin más, pueden cerrar los ojos a una realidad que golpea de lleno al ciudadano. El desconocimiento de la Ley –que todas estas sí conocen- no exime de su cumplimiento.
En base a esta Ley, el equipo de gobierno municipal está llamado a habilitar los llamados botellódromos: “Espacios bien comunicados mediante trans¬porte público, en áreas en las que no se entre en conflicto con las necesidades e intereses de otros colectivos de ciudadanos y ciudadanas encaminados a eludir ruidos, suciedad y un abusivo consumo de alcohol”, dicta la norma. Un problema complicado cuya solución requiere de grandes dosis de sentido común y, sobre todo, de colaboración.
Es el momento de dejar a un lado el vacío debate político instalado en la capital, cargado de palabras fáciles que sólo buscan el voto inútil, y abordar este conflicto con imaginación y rigor, pero también con decisión. El Ayuntamiento debe hacer que se cumpla la Ley en todos sus extremos y diseñar espacios adecuados para “la movida” como alternativa de ocio (en el Recinto Colombino o donde sea más adecuado). Pero también debe ejecutar las sanciones que el texto legal pone a su disposición para impedir durante los fines de semana enfrentamientos con las autoridades, peleas, accidentes de tráfico, intoxicaciones, ingresos hospitalarios, agresiones y, sobre todo, una formidable resaca.